El 27 de abril de 1979 por primera vez, después de tres largos años, un sector de las organizaciones sindicales convocó a una acción de protesta a nivel nacional [1]. Y si bien la medida tuvo un acatamiento parcial, su realización significó un hito en la consolidación del proceso de recuperación de las organizaciones sindicales y las libertades políticas. Y un punto de inflexión para las luchas del período.
En 1979 el movimiento sindical estaba dividido en dos grupos: La CNT, fundada en agosto de 1978, heredera directa de la tradición “participacionista”. Incluía en su seno algunos sindicatos intervenidos, y no convocó ninguna medida de fuerza hasta después de la guerra de Malvinas. Y el grupo de “los 25”, que asumía un rol más “confrontacionista”. Si bien, hay que destacar que, como señalaba Arturo Fernández, este grupo “estaba integrado por sindicalistas bien moderados, de inspiración peronista verticalista”, el “ala realmente combativa de la dirigencia sindical había sido exterminada o encarcelada”[2].
Para 1979 se empezaban a sentir los efectos del programa de Martínez de Hoz, con suspensiones y cierres, que se irían agravando en los años siguientes. Mientras que la cuestión salarial estaba siempre en agenda. Pero además, en febrero de ese año el gobierno anunció que el proyecto para una nueva “Ley de Asociaciones Profesionales” (22.105), se encontraba en etapa “predefinitiva”. La ley se proponía prohibir la existencia de organizaciones de tercer grado, afectaba las obras sociales y diferentes aspectos de la estructura económica y política de las organizaciones gremiales. Lo que puso en estado de alerta a la dirigencia sindical, que inició las conversaciones a fin de concretar la unidad y oponerse a su aprobación.
Durante todo el mes de abril los medios informaban sobre diversas reuniones entre dirigentes de la CNT y “los 25”, en pos de la unidad del movimiento obrero. Pero el acuerdo no llegaba. Uno de los puntos centrales de divergencia era que “los 25” se proponían llevar adelante una medida de acción directa. Mientras que desde la CNT, entendían que todavía había espacio para seguir dialogando con el gobierno. Actitud que sostendrían durante los diferentes intentos de movilización subsiguientes (1981 y 1982).
Finalmente, el 23 de abril, “los 25” hicieron un llamado “a todos los sectores nacionales a una jornada de protesta nacional”. La declaración hacía explícita mención al clima de malestar existente entre los sectores trabajadores y a la generalización de protestas semi espontaneas:
“…Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta que se generaliza para unificarla con la decisión de una propuesta nacional…”[3].
Con esta declaración “los 25” se hacían eco de las preocupaciones de las bases obreras, y dirimían parcialmente el debate sobre las estrategias a seguir dentro del movimiento obrero: diálogo o confrontación. Por otro lado, con esta acción los dirigentes gremiales se proponían recuperar la legitimidad de los sindicatos como motores y conductores del conflicto.
El régimen respondió con dureza. La noche del 23 fueron citados los dirigentes de “los 25” en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales. Al finalizar la reunión los sindicalistas fueron detenidos y – según se podía leer en los periódicos- conducidos en “automóviles sin identificación policial y acompañados por personas de civil”[4]. Simultáneamente fue detenida la “segunda línea” de dirigentes, que esperaban el resultado de las conversaciones en un bar situado a 50 metros del lugar de la reunión. Los días previos a la huelga los detenidos fueron trasladados al penal de Caseros y puestos a disposición del Poder Ejecutivo.
Desde el Ministerio de trabajo calificaron el llamado a la huelga como una “decisión irresponsable”, que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar[5]. Por su parte, el Ministerio del Interior sostuvo, a través de un comunicado, que el paro era “ilegal”, e “instigado” por un “grupo reducido de personas” que había provocado el ejercicio de las “responsabilidades del poder público”[6].
“…Se ha pretendido arrastrar a los trabajadores a adoptar actitudes también ilegitimas que a nada conducen. (…) El Gobierno Nacional no está dispuesto a tolerar conductas que abiertamente pretenden afectar la consecución de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional y aplicará con esta finalidad la energía que sea necesaria…”[7].
Finalmente sostenían que se iba a garantizar “con todos sus medios, y con la fuerza que surge de la razón y de la ley, la libertad de trabajo y el orden público”.
Desde la CNT, por su parte, emitieron una declaración donde planteaban que se trataba de una medida tomada “en forma unilateral y apresurada, pretendiendo utilizar a los trabajadores para dirimir supremacías”[8]. Según el agrupamiento, con ese tipo de medidas se podría arriesgar “precipitadamente la suerte del movimiento sindical argentino”.
El día anterior al paro, en algunos periódicos se pronosticaba que “no tendría repercusión la medida dispuesta por «los 25’”. Con todo, la huelga se llevó a cabo. Sus resultados fueron dispares. Pero, aunque el régimen y la prensa quisieron minimizar su alcance, tuvo una importante repercusión. Sin dudas la medida no paralizó por completo el país, como otras medidas de huelga general que ha conocido la tradición obrera en Argentina. Pero sí, en el contexto de la dictadura, y convocada por sólo una parte del debilitado movimiento sindical, tuvo impacto político de corto y mediano plazo. Concretamente, durante la Jornada se paralizó uno de los sectores más dinámicos de la estructura industrial argentina, como es el sector automotriz. El paro “provocó la virtual inactividad de la industria automotriz bonaerense”. En la mayor parte de los establecimientos automotrices se registraron niveles de ausentismo cercanos al 90 por ciento (Peugeot de Berazategui, Mercedes Benz de González Catán, Deutz, Borgward y Chrysler de San Justo, Fiat de Caseros). Sólo en Ford de General Pacheco el ausentismo fue bajo: del 21%. Mientras que en las automotrices cordobesas la asistencia fue prácticamente normal.
El otro sector donde hubo una alta adhesión al paro fue el ferroviario. En particular las líneas Roca, Mitre y Sarmiento. En los cordones industriales bonaerenses pararon importantes fábricas: como Alpargatas, Santa Rosa, La Cantábrica, Fate, Pirelli, GoodYear, Yelmo, 3M, Papelera Scholnilc, etc.
En cambio, no se plegaron a la medida el comercio y el transporte de pasajeros. Tampoco sectores industriales como los textiles, grandes astilleros, el frigorífico Swift, Siderúrgica Argentina de Ensenada y Petroquímica Sudamericana.
En la zona del Gran Rosario la medida también se cumplió de manera dispar. El comercio y el transporte urbano operaron con “normalidad”, lo que fue resaltado por los periódicos de la ciudad que indicaban: “Un panorama de absoluta normalidad” (La Tribuna) y “Escasa repercusión en Rosario y Santa Fe” (La Capital). Sin embargo, hubo sectores importantes donde la medida tuvo alto acatamiento. Los trabajadores del ferrocarril y de los talleres de Pérez y Villa Diego del ramal Mitre habían adherido en un 100% a la medida, y en el Cordón Industrial de la Zona Norte habían parado las grandes fábricas: Celulosa, Electroclor, Argental, John Deere, Pasa y Duperial. A su vez, en la ciudad habían adherido trabajadores de las empresas: Calzado Arroyito, Maltería Safac, Tritumol, Compañía Rectificadora y Agip-Gas. La paralización del ferrocarril y de las grandes fábricas de la Zona Norte es de gran importancia en cuanto al número de trabajadores empleados y la relevancia estratégica de dichas ramas.
Al día siguiente, “los 25” sostuvieron que la medida había arrojado “un porcentaje de cumplimiento del 75 por ciento”[9]. El número era sin duda exagerado. Desde el nucleamiento se evaluaba que:
“…si bien en el radio céntrico [de Buenos Aires] la medida no resultó totalmente advertida, debido al funcionamiento de las líneas de transporte de pasajeros y a la gran cantidad de vehículos circulantes, fue en cambio notoria en todo el cordón industrial, puertos, ferrocarriles y en los centros industriales del interior del país…”
El editorial de La Capital sostuvo que fue un “paro fallido” y que había “fracasado estrepitosamente en todo el país”. Mientras que desde el boletín empresarial Economic Survey, se descargaban con un título singular: “¡Qué fiasco! ¡Las de antes sí que eran huelgas!”.
Desde la cúpula del gobierno procuraron ignorar la huelga. Al margen de los comunicados previos al conflicto, después del 27 no se hizo ninguna mención oficial a los hechos. Aparentemente, desde el régimen evaluaron que la mejor respuesta era simular que no había sucedido nada. De ese modo buscaron restarle impacto político en el mediano plazo.
No obstante, después de la Jornada de Protesta se sucedieron graves conflictos. Incluso, hacia fin de año se produjo una gran oleada huelguística en diversos sectores de la industria y servicios. La continuidad del ciclo de protesta revelaba que la medida impulsada por “los 25” se enmarcaba en un contexto de malestar obrero. La declaración de la huelga había estado en sintonía con ello y había cumplido la tarea de darle un marco de contención. A partir de la huelga del 27 de abril, las protestas serían cada vez más abiertas y la reorganización sindical se aceleraría.
Todavía quedaban varios años de dictadura. La confrontación abría el camino de la recuperación de los derechos democráticos y laborales. Los eternos dialoguistas, mientras tanto, construían sus mansiones y engendraban futuros ministros ajustadores.
Notas
La imagen 1, es una ilustración contenida en la tapa del periódico del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), «Opción», Nº10, diciembre de 1978.
Para quienes estén interesados/as en un articulo más acádemico, pueden ver la ponencia que presenté en 2013 en las «XIV Jornadas Interescuelas»:
- CARMINATI, Andrés, «“El fin del reflujo”. Primera huelga general durante la última dictadura. Un estudio desde el Gran Rosario de las luchas obreras durante el año 1979», Ponencia presentada en las XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Mendoza, 2 al 5 de octubre de 2013 . [DESCARGA]
Citas
[1] Si bien las Jornada de Protesta sería la primera huelga nacional convocada por el sindicalismo, hubo una suerte de “huelga general no declarada” en octubre/noviembre de 1977, que es mayormente desconocida, sobre la que he publicado aquí.
[2] FERNANDEZ, A., Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-82), Buenos Aires, CEAL, 1984, pp.73,74.
[3]Citado en ABÓS, Álvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), Buenos Aires, CEAL, 1984, p.49.
[4]La Capital, 24 de abril de 1979.
[5] Ibídem.
[6]La Tribuna, 27 de abril de 1979.
[7] Ibídem.
[8]El Litoral, 25 de abril de 1979.
[9]La Tribuna, 28 de abril de 1979.
Clase Trabajadora y Dictadura. Resistencias y represión (1976-1983) 